DESPENALICEMOS EL CONSUMO, LA TENENCIA Y CULTIVO DE MARIHUANA PARA USO PERSONAL En los últimos treinta años la Corte Suprema de Justicia tomó resoluciones diversas, incluso contradictorias, con respecto a la tenencia de marihuana para uso personal. En 1978 estableció el caso “Colavini” que sancionaba esta práctica, pero en 1986, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Corte volvió a examinar el conflicto y corrigió la sentencia con el caso “Bazterrica” en el que declaro inconstitucional la penalización de tenencia de estupefacientes en pequeñas cantidades por considerarla una cuestión privada y ajena a la autoridad judicial. Durante cuatro años los fallos de todos los casos siguieron esta postura hasta que en 1990, con la llegada de Menem y sus prácticas neoliberales junto a las relaciones carnales con EEUU, una Corte Suprema ampliada de cinco a nueve integrantes retomó el criterio del caso “Colavini” y, al igual que en la dictadura militar, volvió a penalizar la tenencia. También se sancionó la Ley Nacional Nº 23.737 de Estupefacientes que castiga nuevamente la tenencia para consumo.   Revista TCH (Marcha en Palermo - Planetario)

Castigo significa una condena penal al consumidor de drogas que genera un circuito de criminalización que no facilita la prevención y, por el contrario, es una fuente de exclusión social, familiar y laboral de los/as afectados/as. Es ahí cuando se vuelve contra los derechos humanos porque no protege la dignidad y la salud de, en tal caso, un/a enfermo/a, incluso legislando contra el Artículo Nº 19 de nuestra Constitución que contempla el uso de drogas como un acto privado que no ofende el orden, la moral pública, ni afecta a terceros.

La penalización supone una estrategia muy costosa para el estado, que implica vigilancia, control, procesos judiciales y altos niveles de encarcelamiento para el/la consumidor/a, mientras que no se registra sentencia a ningún narcotraficante. Las prohibiciones que actualmente pesan sobre la marihuana y su uso fueron establecidas particularmente en los EEUU con el fin de controlar y desprestigiar a las minorías étnicas y así se transformaron en un excelente instrumento de control policial y judicial sobre los grupos mas marginados y excluidos del sistema social como ser los pobres, los extranjeros y los jóvenes quienes al ser criminalizádos, solo se logra marginarlos aún mas.

La clave está en la información, en la educación y no en la persecución, porque las políticas y campañas hasta el momento no hicieron disminuir su consumo sino todo lo contrario, creemos que las leyes y políticas públicas deben estar orientadas hacia los intereses de la gente, hacia los intereses de las 12.801 causas que se registraron en el año 2006  por "tenencia para consumo" y no que protejan a las mafias que manejan el tráfico internacional, el circuito de corrupción y el lavado de dinero. Los $ 192.015.000 que gastó el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación con 9056 causas que fueron sobreseídas o desestimadas en el año 2006 deben, tras la despenalización, ser invertidos en políticas presupuestarias destinadas a la educación, el trabajo, la vivienda y la salud de todos/as.

Proponemos la despenalización de la tenencia y autocultivo para consumo personal de marihuana, como también su utilización con fines terapéuticos, de éste modo el abuso o adicción formará parte de un problema de salud pública y no de seguridad nacional. En América latina, países como Colombia, Uruguay, Perú, Paraguay, Guatemala y El Salvador han despenalizado la tenencia para el consumo personal, no es una utopía, solo depende de una política y una legislación que transite por una corriente progresista adecuada a los usos y costumbres sociales y culturales de la región que acompañe a las libertades individuales. Las experiencias en Holanda, Bélgica, Portugal, Inglaterra, Alemania, España, Suiza y Canadá muestran que la despenalización no reduce los precios de la droga ni aumenta los índices de consumo. La despenalización no es sinónimo de promoción de la sustancia ni ausencia de regulación.

Desde la Juventud Radical de la Corriente Progresista buscamos crear un debate social que forme un consenso que modifique los criterios hoy predominantes por otros que sean mas coherentes y representativos a un estado social y democrático de derechos. La legislación debe ir acompañada de medidas que garanticen el uso responsable, una prevención primaria y secundaria junto a prácticas de reducción de daños. Esto merece una conducta y un compromiso político que fortalezca a las instituciones como solo la Unión Cívica Radical fue capaz de garantizar en sus más de cien años de historia.